El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) fue fundado en 1970, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, como resultado de un largo proceso de organización y lucha del magisterio chileno por mejores condiciones laborales y por una educación pública, gratuita y de calidad. Su origen se remonta a la Federación de Educadores de Chile (FEDECH), que desde 1944 impulsaba la idea de un sistema educativo nacional unificado. Esta federación agrupaba a diversas organizaciones del magisterio —profesores normalistas, secundarios, técnicos y jubilados— que exigían igualdad salarial y profesional, y defendían el concepto de Estado Docente, es decir, un Estado responsable de garantizar la educación como derecho social.
Durante las décadas de 1950 y 1960, las movilizaciones del profesorado se intensificaron. La huelga nacional de 1968 marcó un punto de inflexión al vincular la lucha docente con la Reforma Universitaria de 1967, lo que permitió articular demandas laborales y pedagógicas. Este proceso condujo finalmente a la unificación de los trabajadores de la educación en el SUTE, que integró tanto a docentes como a asistentes de la educación de todo el país.
Durante el gobierno de la Unidad Popular (1970–1973), el SUTE adquirió un rol protagónico en la formulación del proyecto de la Escuela Nacional Unificada (ENU), una propuesta educativa que buscaba democratizar el acceso, erradicar la desigualdad y vincular la educación con los procesos de transformación social impulsados por el gobierno de Salvador Allende. La ENU fue concebida como un sistema “de masas, por las masas y para las masas”, orientado a garantizar una educación permanente desde la cuna hasta la vejez, con la participación activa de trabajadores, estudiantes, familias y comunidades.
El SUTE fue uno de los principales impulsores de esta reforma, que proponía una escuela pública, laica, científica y planificada, comprometida con los valores del humanismo socialista: justicia, equidad, solidaridad, fraternidad y responsabilidad social.
Sin embargo, el proyecto enfrentó una fuerte resistencia de sectores conservadores, eclesiásticos y empresariales, que lo acusaron de “adoctrinamiento marxista”. En abril de 1973, bajo un clima político cada vez más polarizado, el gobierno decidió suspender la implementación de la ENU, lo que representó un duro golpe para el movimiento docente.
